De las redes sociales

LIMITES AL USO INDISCRIMINADO DE LAS REDES SOCIALES

¿SE TRASGREDEN DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LA INTIMIDAD, LA IMAGEN, EL HONOR Y LA HONRA CON EL USO INDISCRIMINADO DE LAS REDES SOCIALES ?

Una modalidad especial de afectación de derechos que ha cobrado particular importancia por el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es el llamado “cyberbullying”, conocido también como ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’. 

La Corte Constitucional ha definido el “bullying” en el ambiente virtual como aquel en el cual el autor utiliza las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones, en especial del internet y el celular, para maltratar a sus semejantes. Básicamente, el “cyberbullying” consiste en el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo. Aunque también se ha definido como un tipo de agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet y juegos en línea para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de molestar e insultar a otra persona, el cual no se hace de frente y por ello no es fácil identificar a su autor. Así, se ha recalcado que el ciberacoso se ha hecho popular entre niños y jóvenes, quienes creen que pueden usar la red y estos dispositivos anónimamente para molestar a sus compañeros sin percatarse del daño que hacen pues “la información se envía de manera muy rápida, y borrarla o detenerla, es tarea imposible. Sus consecuencias pueden ser muy serias, terminando, como se ha visto en Colombia y en otros países, [incluso] en el suicidio de la víctima”.

Aunque el ciberacoso o maltrato en las redes sociales en un principio se hizo evidente en el ámbito educativo, es decir, en las escuelas, colegios y universidades, este fenómeno también se ha ido presentando en los ámbitos laborales, familiares, o en otros entornos sociales, y en distintas modalidades; trayendo como consecuencia violación de derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen al honor y a la honra.

Bajo un contexto tecnológico, las redes sociales se muestran como una posibilidad para ejercer de manera exponencial el derecho a la libre expresión, con un alcance masivo que no ofrecía, y aún no ofrece, el acceso restringido de los medios de comunicación tradicional. Lo anterior, debido a que a través de las nuevas tecnologías  cualquier persona es una potencial comunicadora de información de cualquier tipo (noticiosa, personal, profesional, etcétera) o de opiniones con un alcance determinado por el uso que otras personas hagan de las mismas redes.

Por lo tanto, el derecho a la libre expresión se enmarca hoy en un contexto tecnológico en el que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo e incluso mediante el uso de un dispositivo electrónico personal, como un teléfono celular, puede difundir contenidos informativos o de opinión, con la potencialidad de alcanzar de manera inmediata a un amplísimo público. Pero esto, a la vez, supone que tanto el derecho a la libre expresión como los derechos que pueden afectarse con su ejercicio se enmarcan en un nuevo contexto en el que el uso de estas nuevas tecnologías modifica la utilización y la percepción de la información en relación con sus emisores, los canales de difusión, la disponibilidad de la información publicada y una serie de aspectos que resultan innovadores en relación con la tradicional forma de comunicación.

La Corte Constitucional en sentencia T-550 de 2012, MP Nilson Pinilla Pinilla, apoyada en algunos apartes de la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet de junio 1° del 2011,  ha señalado que la libertad de expresión en internet se regula del mismo modo que en todos los medios de comunicación, por lo que las redes sociales no son un lugar que garantice o permita sin ninguna restricción “la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación. Ciertamente, ningún fundamento se deriva del artículo 20 de la Constitución, ni de la normativa internacional, ni de precepto alguno que, al margen de la veracidad, valide la divulgación de agravios, improperios, vejámenes ni infundios por cualquier clase de medio de comunicación.”

Lo que quiere decir que el influjo de la tecnología confiere mayores herramientas y medios para ejercer el derecho a la libre expresión pero siempre dentro del marco que la Constitución lo define en relación con los requisitos de veracidad e imparcialidad, el derecho a la rectificación y el ejercicio de los derechos de terceras personas.

Desde esa perspectiva, y siguiendo la línea jurisprudencial relacionada, la Corte Constitucional ha venido fijando unos parámetros a partir de los cuales es posible establecer cuándo el uso indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones, específicamente de las redes sociales, da lugar a la trasgresión de derechos fundamentales, como son las que se enuncian a continuación:

  1. Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra[1].
  2. Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe resolverse a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social específica de que se trate[2].
  3. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño causado a las víctimas de acoso y maltrato[3].
  4. El derecho a la intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a la realidad[4].
  5. El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad[5].
  6. Los derechos al buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien[6].
  7. El derecho a la libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta[7].
  8. El derecho a la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus límites[8].
  9. En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor[9].
  10. Ante casos de maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos de los afectados[10], siempre que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera privada[11].

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