La Casación en Materia Penal

LA CASACIÓN OFICIOSA

“Según el art. 184, inc. 3° de la ley 906 de 2004, en consonancia con la máxima constitucional de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la Constitución), atendiendo a criterios como los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, la Corte deberá superar los defectos del libelo para decidir de fondo si advierte violación de garantías fundamentales”.

La Casación Oficiosa y el desistimiento del recurso

El recurso extraordinario de casación, según el art. 180 de la Ley 906 de 2004, pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías fundamentales de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos y la unificación de la jurisprudencia.

En consonancia con el art. 183 ídem, la admisión de dicho mecanismo extraordinario de impugnación supone, además de la oportuna interposición del recurso, la debida presentación de la demanda, en la que el censor está obligado a consignar de manera precisa y concisa las causales invocadas y sus fundamentos. Por ello, según el art. 184, inc. 2° ídem, no será admitido el libelo cuando el demandante carezca de interés, prescinda de señalar la causal o no desarrolle adecuadamente los cargos de sustentación. Tampoco, si se advierte la irrelevancia del fallo para cumplir los propósitos del recurso.

Es decir, la Corte Suprema de Justicia, en línea de principios y en ausencia de alguno de dichos elementos, se abstendrá de seleccionar la demanda. Sin embargo, a tono con el art. 184, inc. 3° ídem, en consonancia con la máxima constitucional de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la Constitución), atendiendo a criterios como los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, la Corte deberá superar los defectos del libelo para decidir de fondo si advierte violación de garantías fundamentales.

Esto, en atención a la mayor amplitud que en el esquema procesal de la Ley 906 de 2004 se le dio al recurso extraordinario de casación, como medio protector de garantías fundamentales, a través del control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en segunda instancia.

Lo anterior implica que El fin de protección de las garantías fundamentales, es quizás el de mayor importancia, es sobre el único que puede actuar oficiosamente la Corte Suprema de Justicia; sobre todos los demás, no lo puede hacer. Si alguna de las partes que interpuso el recurso, no lo sugirió, no lo expresó, no lo consideró ni lo manifestó como argumento de la demanda y la Corte Suprema de Justicia al revisar el expediente, encuentra una violación de una garantía fundamental, de oficio, tiene que ordenar su restablecimiento.

Es decir, una vez inadmitida la demanda de casación, pero advertida una irregularidad que atenta contra las garantías de los derechos fundamentales, se impone, sin necesidad de correr traslado al Ministerio Público, el deber de subsanar el yerro de manera inmediata para así reparar el agravio inferido, máxime cuando la Constitución y la ley le asignan a la Corte Suprema de Justicia la función de efectivizar el derecho material.

Ha venido considerando la jurisprudencia mayoritaria de Sala que cuando se inadmite la demanda de casación, pero se advierte la vulneración de una garantía fundamental que imponga su ineludible corrección, la Corte, previamente a pronunciarse al respecto, disponía correr traslado al Ministerio Público para que emitiera su concepto al respecto.

 Sin embargo, encuentra la Sala que, en aras de los postulados de pronta y eficaz administración de justicia, lo lógico es que, advertida la irregularidad que atente contra las garantías de los derechos fundamentales, sin correr traslado al Ministerio Público, se subsane de manera inmediata, con el fin de reparar el agravio inferido, máxime cuando la Constitución y la ley impone a la Corte Suprema de Justicia efectivizar el derecho material.[1]

¿Puede haber casación oficiosa cuando hay desistimiento del recurso?

Desde febrero de 2017 cambió la postura la Corte Suprema de Justicia, en lo referente a que no puede operar la casación de manera oficiosa, cuando se ha desistido del recurso, empero, en sentencia del 9 de abril de 2014, bajo radicado 43255, sustanciada por el Magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, el alto tribunal consideró lo siguiente:

  1. Pese a que el apoderado de los citados allegó memorial en el cual manifiesta desistir del recurso extraordinario de casación.
  2. No obstante, advertirse que en términos del artículo 199 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) “Podrá desistirse del recurso de casación y de la acción de revisión antes de que la Sala las decida”.
  3. Reconociendo el carácter estrictamente dispositivo, unilateral e incondicional del sujeto que incoa la impugnación extraordinaria, para provocar a su vez el acto jurídico procesal de declaración de voluntad de desistimiento con miras a enervar la acción intentada.
  4. Al observar la Corte Suprema la manifiesta vulneración de garantías fundamentales, cuya preservación se impone por mandato de la Carta Política (arts. 29 y 228).
  5. Casa la sentencia de manera oficiosa previamente pronunciarse sobre la petición de desistimiento.

Empero, desde el 22 de febrero de 2017 bajo el auto AP1063-2017 dentro del radicado 47677, sustanciado por la Magistrada Patricia Salazar Cuellar, la Corte Suprema de Justicia, cambia la tesis planteada en la SP4447-2014, rad. 43255 del 9 de abril de 2014, en la que a pesar de mediar una manifestación de desistimiento del recurso de casación por parte del demandante, previo a su aceptación se casó oficiosamente la sentencia, por encontrar estructurada la vulneración de una garantía fundamental; dicho cambio está argumentando en que la falta de competencia imposibilita a la Corte para hacer pronunciamiento alguno, cimentado en lo siguiente:

[…] la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adquiere competencia, en tratándose del recurso de casación, cuando (i) se interpone en término, (ii) la demanda ha sido presentada oportunamente, y (iii) la actuación se recibe en la Corporación para estudiar los presupuestos de admisión de la demanda.  Una vez reunidos, la Corte pierde competencia cuando (i) se desiste de él; (ii) se inadmite o es (iii) decidido de fondo. Frente a las primeras por el agotamiento, en tanto que la segunda, por disponibilidad de la parte que ejerció el derecho, siendo inviable a partir de ese momento, la revisión del fallo recurrido para cualquier efecto posible.[2]

Con este nuevo criterio -no tan nuevo- puntualiza la Corte Suprema de Justicia, que entender el desistimiento del recurso como en el pasado lo concibió la Sala, es admitir que la Corte puede extender a su juicio la competencia determinada por el legislador, afectando el principio de reserva legal y vulnerando el derecho fundamental del juez natural.

Consecuencias de esa nueva postura – Criterio Personal

Recordemos que el recurso extraordinario de Casación puede ser quizá la única oportunidad de la que dispone el sentenciado para hacer un juicio de Constitucionalidad y de legalidad a la sentencia de fondo

Entonces, es menester tener presente que en lo referente al recurso extraordinario de casación la Ley 906 de 2004 ha precisado, que corresponde al demandante acreditar la afectación de derechos o garantías fundamentales, lo cual le impone contar con interés para impugnar, señalar la causal, desarrollar los cargos de sustentación del recurso y demostrar que es necesario el fallo de casación para cumplir alguno de los fines establecidos por el legislador en el artículo 180 de la referida normatividad para la mencionada impugnación, esto es, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por éstos y la unificación de la jurisprudencia.

En igual forma frente a los requisitos que debe cumplir la demanda en Casación, se ha señalado que si bien la Ley 906 de 2004 no enumera de manera rigurosa los requerimientos que debe cumplir el libelo impugnatorio de casación, de sus artículos 183 y 184 se pueden deducir los siguientes:

(i) Se señalen de manera precisa y concisa las causales invocadas.

(ii) Se desarrollen los cargos, esto es, que se expresen sus fundamentos o se ofrezca una sustentación mínima. Y,

(iii) Se demuestre que el fallo es necesario para cumplir algunas de las finalidades del recurso.

Con fundamento en lo anterior, supóngase que una sentencia proferida por el Tribunal, haya sido recurrida en Casación, bajo cualquier causal de las que determina el Artículo 181 del estatuto procesal vigente (violación directa de la ley sustancial, nulidad o violación indirecta de la ley sustancial) ya sea por errores de hecho o de derecho o por que se prevea violación de garantías fundamentales como (1. Cuando se incurre en una irregularidad sustancial insubsanable que afecte la estructura básica de un debido proceso o 2. Cuando se lesione garantías de las partes e intervinientes), con el ánimo de superar dichos vicios, o con la esperanza que al momento de admitir o inadmitir el escrito de la demanda si se vislumbra violación  de  derechos  fundamentales  o  garantías  de los intervinientes, se ejerza automáticamente la  facultad  oficiosa de  índole  legal  que  al  respecto  le  asiste  a  la  Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Pues, con este criterio de la Corte Suprema de Justicia no es posible la  revisión oficiosa, lo que indicaría que pese a que existan vicios en la sentencia, con el desistimiento pierde competencia la Corte, quedando ejecutoriada la sentencia sin posibilidad de corregir tales yerros, que en algunos casos podría llegar a significar la absolución al procesado o un rebaja sustancial en la pena, entre otras consecuencias jurídicas. 

A modo de ejemplo, pensemos que por cualquier circunstancia que devenga a la parte interesada después de haber presentado el escrito de la demanda, es su deseo desistir de dicho recurso, ya sea porque no pudo llegarse a un acuerdo con el abogado que lo interpuso, o por cualquier otra circunstancia.  Entonces lo que sucede es que con este criterio no se puede extender la competencia determinada por el legislador, porque se estaría afectando el principio de reserva legal y vulnerando el derecho fundamental del juez natural.

Vistas así las cosas, concluyo este artículo con la siguiente pregunta: frente a los principios anteriores, que arguye la Corte, se vulneran, ponderados con la presunción de inocencia o el derecho Constitucional y legal de tener un juicio justo, por parte del procesado y las partes, que prima?

[1] C.S.J. Sala Penal, auto de inadmisión de demanda de 12 de septiembre de 2007, rad. 26967. MP. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés.

[2] C.S.J. Sala Penal, AP1063-2017 del 22 de febrero de 2017, radicado 47677, MP. Dra. Patricia Salazar Cuellar.

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La Casación en Materia Penal

DE LA FLEXIBILIZACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

“La casación no es una tercera instancia para enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales”

La Casación desde sus orígenes, se concibió como un ámbito de defensa de la legalidad, en virtud del cual se superan las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de fondo (segunda instancia). Porque puede ocurrir que la sentencia, en lugar de constituir un supuesto de aplicación de la ley, resulte violatoria de ella. Entonces, frente a estos posibles eventos surge la casación como un “recurso extraordinario” contra las violaciones de la ley contenidas en las sentencias proferidas por el tribunal en segunda instancia. 

Se concibe como recurso en el sentido que se puede interponer para controvertir la sentencia de segundo grado antes que alcance ejecutoria material; y, extraordinario porque se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso, esencialmente, por haberse proferido con violación de garantías fundamentales.

De manera sintética, respecto a la Casación diremos lo siguiente:

  • La casación es un medio extraordinario de impugnación.
  • De efecto suspensivo[1].
  • Opera contra sentencias de segunda instancia que se consideren violatorias de la ley por presentar errores de juicio o de actividad.
  • NO origina una tercera instancia, pues no se debaten los hechos que han sido juzgados.
  • Está dirigido a confrontar la sentencia con la ley para concluir si aquella se ciñó a esta y tiene validez jurídica.
  • De este medio de impugnación conoce un tribunal supremo y especializado, Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal.
  • Tiene como finalidad unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido y mantener incólumes las garantías fundamentales.
Del Control Legal y Constitucional

Con la Ley 906 de 2004, mediante la cual se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación fue constituido como un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (Artículo 181)[2]

Referente a la configuración legal de la casación penal como “control constitucional y legal”, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005, en cabeza del MP. Jaime Córdoba Triviño, advirtió diversas situaciones[3] que deben destacarse:

  1. El recurso se concibe como un control, es decir, como un instrumento a través del cual se exige el respeto de un ámbito normativo en el ejercicio del poder inherente a la jurisdicción.
  2. Se especifica el ámbito normativo respecto al cual se ejerce el control de las sentencias de los jueces, pues se indica expresamente que la casación constituye un control constitucional y legal.
  3. Para la Corte es claro que la expresa configuración legal de la casación penal como “control constitucional y legal” evidencia el propósito de adecuar el instituto, de una manera mucho más directa, a referentes constitucionales. Es decir, se está evidenciando que la legitimidad de la sentencia debe determinarse no sólo a partir de disposiciones legales sustanciales y procesales, sino también respecto de normas constitucionales en tanto parámetros de validez de aquellas.
  4. De otro lado, el recurso extraordinario de casación procede cuando las sentencias penales de segunda instancia afectan derechos o garantías fundamentales. En este entendido, la afectación de derechos o garantías fundamentales se convierte en la razón de ser del juicio de constitucionalidad y legalidad que, a la manera de recurso extraordinario, se formula contra la sentencia.  Es decir, lo que legitima la interposición de una demanda de casación, es la emisión de una sentencia penal de segunda instancia en la que se han vulnerado derechos o garantías fundamentales. 
  5. Y al establecer que el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, es evidente su mayor cobertura en tanto ya no se anteponen exigencias relacionadas con la pena fijada por la ley en el respectivo delito, sino que la nueva regulación permite que todos los problemas planteados en sede de aplicación de la ley penal en esa instancia puedan debatirse en casación, de manera que desaparece la distinción entre la casación común u ordinaria y la excepcional previstas en ordenamientos jurídicos precedentes .

Al establecerse el recurso de casación como medio de control constitucional y legal implica para la Corte Suprema de Justicia la tarea de verificar que las sentencias de segunda instancia se ajusten a la normatividad constitucional especialmente en lo referente al respeto de los derechos fundamentales garantizados a cada uno de los intervinientes, y que los fallos de los jueces se ciñan a la legalidad estricta. Bajo ese supuesto,

“… la afectación de derechos o garantías fundamentales se convierte en la razón de ser del juicio de constitucionalidad y legalidad que, a la manera de recurso extraordinario, se formula contra la sentencia. O lo que es lo mismo, lo que legitima la interposición de una demanda de casación es la emisión de una sentencia penal de segunda instancia en la que se han vulnerado derechos o garantías fundamentales”[4].

De la flexibilización del Recurso

 En un artículo anterior mencioné que el recurso de la casación es un mecanismo extraordinario de impugnación contra sentencias proferidas en segunda instancia por delitos, cuyo objetivo principal es cuestionar la juridicidad del fallo, con la estricta observancia de la ley, la Constitución y los tratados internacionales, cuando se avizoran afectación de derechos o garantías fundamentales; buscando unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto, reparar el agravio inferido y mantener incólumes las garantías fundamentales; convirtiéndose en un juicio de constitucionalidad y legalidad que se formula contra la sentencia; lo cual no puede entenderse como una tercera instancia, donde lo que se busca es controvertir los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios propios de las instancias.

Dicho recurso NO puede argumentarse de manera libre; no se puede desarrollar la propuesta con la libertad intelectual que se permite para sustentar un recurso ordinario. Debe proponerse, desarrollarse y demostrarse con unos pasos específicos; lo que conlleva a que en materia de casación se hable de una técnica casacional del debido proceso que implica un desarrollo del recurso extraordinario de casación.

Técnica Casacional que  obedece además a unos principios básicos que deben estar presentes en el libelo impugnatorio en aras de su viabilidad y prosperidad; principios entre otros como el de: rogación, limitación, claridad y precisión, congruencia de la petición, principio de autonomía de las causales, principio de prioridad, de legalidad y acierto, principio de trascendencia, de sustentación suficiente, de unidad jurídica y principio de idoneidad sustancial.

Aquí, vale la pena cuestionar, si en cumplimiento de los preceptos Constitucionales y legales, en un estado social de Derecho como el Colombiano, le es exigible a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al hacer el control de legalidad de las sentencias, establecer criterios de selección, basados en la rigidez y el acatamiento de unos principios -establecidos vía jurisprudencial- que rigen la técnica casacional, estableciendo en muchos casos una especie de obstáculo para quien pretenda alcanzar dicho recurso, implicando así una supremacía de la aplicación formal de la ley (jurisprudencia) sobre el derecho procesal.

Según pronunciamiento de la Corte Constitucional, en sentencia C-880 de 2014, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado, en juicio de constitucionalidad sobre el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 que incorpora las finalidades de la casación como parámetro de selección de dichos recursos por la Corte Suprema de Justicia y crea un mecanismo de insistencia dentro del mencionado proceso; se extendió un concepto más flexible sobre la casación, como elemento de protección de derechos fundamentales por encima de la protección a la aplicación formal de la ley, prevaleciendo el derecho sustancial sobre el procesal, así:

 […] aunque la Corte ha señalado que la casación no es una tercera instancia, ha resaltado el valor que tiene como instrumento para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, toda vez que constituye un instrumento para que el órgano de cierre realice -como ya se dijo- un control material a las sentencias judiciales y unifique la jurisprudencia como forma de asegurar el mandato constitucional de igualdad ante la ley. Es por eso que, en un Estado Social de Derecho como el colombiano, el control de legalidad de las sentencias a cargo de la Corte Suprema de Justicia debe concebirse en una dimensión amplia, de modo que involucre la integración de principios y valores constitucionales y, por lo tanto, la protección de los derechos constitucionales que de ellos se derivan. Esto implica que las formas procesales de la casación, aunque importantes, no pueden constituirse en un obstáculo o en el único requisito para su acceso, pues ya no se trata solamente de un mecanismo para proteger la aplicación formal de la ley sino para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En otras palabras, el principio de supremacía del derecho sustancial sobre el procesal tiene en los fines de la casación una de sus manifestaciones más claras[5]. (negrilla fuera del texto)

Lo anterior se ve reflejado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal que describe de la siguiente manera dichos fines:

Artículo 180. Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.

Criterio Personal

Si bien es cierto el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, dotó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de facultades sustanciales al conferirle, entre otras, la potestad de superar los defectos de la demanda para decidir de fondo cuando los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso, e índole de la discusión lo ameriten; no implica que este mecanismo sea de libre configuración, desprovisto de todo rigor y que tenga como finalidad abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de puntos que han sido materia de controversia, pues, por el contrario, dada su naturaleza extraordinaria, de manera que quien acude al mismo debe ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos basados en la razón y en la lógica argumentativa, atinentes a la observancia de coherencia, precisión y claridad en el desarrollo de cada uno de los reparos efectuados (por vicios in procedendo o in iudicando), y desarrollarlos conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 181 del ordenamiento procesal, con el fin de persuadir a dicha Corporación de revisar el fallo de segunda instancia en procura de corregir la decisión que se acusa de ser contraria a derecho.

 

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[1] Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001 MP. Carlos Gaviria Díaz. Sobre el efecto suspensivo manifestó: “si los fines de la casación penal consisten en hacer efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso, y reparar los agravios inferidos con la sentencia, no resulta lógico ni admisible, (a la luz de nuestra Norma Superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el daño eventualmente infligido, se ejecute la decisión cuestionada y se difiera la rectificación oficial a una etapa ulterior en la que, muy probablemente, el agravio sea irreversible. Nada más lesivo de los principios de justicia, libertad, dignidad humana, presunción de inocencia, integrantes del debido proceso y especialmente significativos cuando se trata del proceso penal.  Una sentencia que no ha sido dictada conforme a la ley sino contrariándola, jamás podrá tenerse como válidamente expedida y, mucho menos, puede ejecutarse. Si el objeto de la casación es corregir errores judiciales, plasmados en la sentencia de última instancia, lo que resulta ajustado a la Carta es que esa corrección se haga antes de que la decisión viciada se cumpla.      

[2] LEY 906 de 2004. ARTÍCULO 181. PROCEDENCIA. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:

  1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.
  2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
  3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.

(…)

 

[3] Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño

 

[4] Ibid.

[5] Corte Constitucional, sentencia C-880 de 2014, MP. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado

 

 

La Casación en Materia Penal

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y EL DEBIDO PROCESO

“El Recurso Extraordinario de Casación, puede ser quizá la única oportunidad de la que dispone el sentenciado para hacer un juicio de Constitucionalidad y de legalidad a la sentencia de fondo”

Con la suscripción de la Constitución de 1991, nace en Colombia un estado social de derecho, con una concepción antropocéntrica[1], lo que trajo consigo un cambio de paradigma en el sistema jurídico colombiano que hace que las instituciones jurídicas tiendan a garantizar la primacía y garantías fundamentales sobre las formalidades. En dicha Constitución en su artículo 29 se elevó bajo un título muy general, un derecho fundamental denominado “debido proceso[2]

El debido proceso

El “debido proceso”, como derecho fundamental, contempla las prerrogativas de la persona que es sometida a un juicio penal. De las garantías superiores allí enlistadas se encuentran los principios rectores de la legalidad preexistente de los delitos, de las penas, del juzgamiento, del juez natural, del debido proceso, de la favorabilidad, de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa, de la contradicción, de la impugnación y de la prohibición de doble juicio por el mismo hecho.[3]

Dentro de las principales garantías del debido proceso, encontramos el derecho de defensa, el cual es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por el procesado al interior de un proceso penal y que lo empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la investigación. El derecho de defensa representa la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.

La importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Así también del derecho de defensa, en el contexto de los procesos penales, otorga el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad de tal derecho.[4]

La Casación como Recurso Extraordinario

En cualquier proceso penal, la sentencia es la decisión más importante dictada por una autoridad del estado y debe ser la concreción de la ley al caso sometido a juzgamiento.  Empero, una sentencia que adolece de vicios o errores de procedimiento (in procedendo), o errores de hecho o de derecho (in iudicando), viola el debido  proceso; pues tal circunstancia se traduce, directa o inmediatamente, en un agravio no sólo para la persona afectada, sino también para los demás sujetos procesales, y para la sociedad en general, como cuando se condena a una persona inocente, o se le aplica una pena diferente de la que le corresponde, pues el sentimiento de inconformidad no se circunscribe a quien directamente resulta damnificado, sino a toda la comunidad que, perdida la confianza en la protección real de los derechos, se sentirá expuesta a la arbitrariedad.

Frente a este tipo de eventos, tanto la ley 600[5] de 2000 y la ley 906[6] de 2004, estatutos procesales vigentes, contemplan un mecanismo para la impugnación de sentencias, denominado Casación, el cual surge como un remedio extraordinario contra las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito, planteando un juicio de legalidad contra la sentencia proferida dentro del proceso penal, buscando como fines específicos hacer efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso y reparar el error y los agravios con la decisión equivocada de la autoridad judicial.

Como fundamento a lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional en sentencia C-252 de 2001, MP. CARLOS GAVIRIA DIAZ, expuso frente a la casación lo siguiente:

 Si la sentencia dictada por la autoridad judicial competente se opone a las normas constitucionales y legales, se convierte en un acto arbitrario e injusto que es necesario enmendar o corregir en forma inmediata, con el fin de impedir que se causen daños irreparables a las personas afectadas con la decisión en sus derechos esenciales (dignidad humana, libertad, buen nombre). La casación, como medio de impugnación extraordinario se torna en el remedio idóneo y eficaz para esos propósitos, siempre y cuando tal enmienda se haga antes de que la sentencia de segunda instancia adquiera firmeza, puesto que se trata de confirmar su validez jurídica y ello solo puede tener lugar en el mismo proceso penal[7].

De lo anterior se puede colegir, que la casación es un trámite que se produce al interior del proceso penal, donde el proceso aún no ha culminado; por lo tanto, su consideración y su trámite es el propio de un recurso; pero no de un recurso ordinario, sino extraordinario.

Es un recurso extraordinario[8], porque los recursos ordinarios (Ley 906 de 2004, art. 176), son propios de las instancias y en las instancias no opera, ni se exige una técnica, ni existen límites tan excepcionales como los exigidos en casación. En los recursos de instancia sólo se reconocen dos límites: el motivo de la impugnación y la no reformatio in pejus[9]. Es decir, no se puede desmejorar la posición jurídica del recurrente[10], por expresa prohibición del principio de la no reformatio in pejus; y el motivo de la impugnación implica, que el superior debe resolver sólo aquello que se le propuso en el recurso.

Al ser el recurso extraordinario de casación el mecanismo de impugnación, que permite demostrar la ilegalidad de la sentencia, proferida en segunda instancia por un tribunal; obliga al recurrente a determinar el error o errores que se le atribuyen al fallo y enmarcarlo en una de las causales establecidas por la ley, como son la violación directa o indirecta de la ley sustancial o la nulidad (Ley 906, 2004, art. 181) mediante argumentos técnicos y jurídicos orientados a la corrección del fallo. Una vez determinado el yerro, debe enfocarlo dentro de uno de los sentidos o motivos propios de cada error; esto implica que, si el yerro indicado es la violación directa de la ley sustancial, este error tiene sentidos o motivos propios, que no pueden ser utilizados, ni mezclados entre sí, o peor aún, utilizarlos o confundirlos con los motivos propios de la violación indirecta de la ley sustancial, o de la nulidad.

Técnica Casacional del Recurso 

El recurso de la casación es un mecanismo extraordinario de impugnación contra sentencias proferidas en segunda instancia por delitos, cuyo objetivo principal es cuestionar la juridicidad del fallo, con la estricta observancia de la ley, la Constitución y los tratados internacionales, cuando se avizoran afectación de derechos o garantías fundamentales; buscando unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto, reparar el agravio inferido y mantener incólumes las garantías fundamentales; convirtiéndose en un juicio de constitucionalidad y legalidad que se formula contra la sentencia; lo cual no puede entenderse como una tercera instancia, donde lo que se busca es controvertir los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios propios de las instancias.

Aunado a lo anterior, el recurso extraordinario de casación no se puede argumentar de manera libre; no se puede desarrollar la propuesta con la libertad intelectual que se permite para sustentar un recurso ordinario. La casación debe proponerse, desarrollarse y demostrarse con unos pasos específicos; lo que conlleva a que en materia de casación se hable de una técnica casacional del debido proceso que implica un desarrollo del recurso extraordinario de casación.

Dicha técnica obedece además a unos principios básicos que deben estar presentes en el libelo impugnatorio en aras de su viabilidad y prosperidad; principios entre otros como el de: rogación, limitación, claridad y precisión, congruencia de la petición, principio de autonomía de las causales, principio de prioridad, de legalidad y acierto, principio de trascendencia, de sustentación suficiente, de unidad jurídica y principio de idoneidad sustancial.

Situación anterior que conlleva a que el recurso extraordinario de casación visto como una técnica, produzca grandes dolores de cabeza para quienes invocan dicho recurso, en razón a que la desconocen y procuran argumentar el escrito de la demanda en Casación, como si se tratare de una tercera instancia (que no existe), buscando  controvertir los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios de la sentencia atacada, mediante argumentos propios de las instancias; situación anterior que conlleva a verse a la Corte Suprema de Justicia, como un “tribunal celestial”, donde pocos son los recursos que prosperan, concibiéndose a la vez al Recurso Extraordinario de Casación como un recurso demasiado formalista.

[1] www.conceptodefinicion.de/antropocentrismo: “El Antropocentrismo es una rama de la filosofía en la que no solo se estudia al hombre en sociedad, sino que este en su condición de factor social, conductor de civilizaciones y constructor de ciudades es la referencia para todo lo que se idea y conceptualiza. El principal objeto de esta doctrina es que el hombre sea la medida para que el todo sea constituido y ejecutado.”

[2] C.P. Artículo 29El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

[3] Corte Constitucional, sentencia C-371 de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre las garantías que componen el debido proceso manifiesta: “Esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la Constitución, en forma explícita consagra tanto el principio de celeridad, como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Por su parte, el artículo 228 superior prescribe que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. En desarrollo de estos principios, de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra.”

[4] Corte Constitucional, sentencia C- 025 de 2009. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Sobre el derecho de defensa expone: “Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.

El ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La primera, la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un profesional del derecho, científicamente preparado, conocedor de la ley aplicable y académicamente apto para el ejercicio de la abogacía. En nuestro sistema procesal penal, el derecho a la defensa técnica se materializa, o bien con el nombramiento de un abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública.”

[5] Ley 600 de 2000. Artículo 206. Fines de la casación. La casación debe tener por fines la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y además la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada.

[6]Ley 906 de 2004. Artículo 180. Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.

[7] Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001. MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz

[8] Corte Constitucional, sentencia T-231 de 1998. MP. Alfredo Beltrán Sierra. Sobre la casación manifiesta: “La casación, definida por el legislador como un recurso extraordinario y excepcional, tiene dos funciones primordiales: la de unificar la jurisprudencia nacional, y la de proveer la realización del derecho objetivo, función que se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. En cumplimiento de esta última, el tribunal de casación no puede entrar directamente a conocer el fondo de la controversia, pues, en principio, sólo está facultado para examinar si la sentencia, objeto de recurso, desconoce las normas de derecho sustancial que se dicen transgredidas, bien por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El recurso extraordinario de casación no es una instancia adicional, tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen. Por consiguiente, sólo cuando el tribunal de casación ha encontrado que, evidentemente, el juez de instancia incurrió en un error de aplicación, apreciación o interpretación de la norma sustancial que se alega, y casa la sentencia, podrá pronunciarse sobre el caso concreto, actuando ya no como tribunal de casación sino como juez de instancia. La razón, la necesidad de un pronunciamiento que reemplace el que se ha casado.”

[9] C.P. Artículo 31Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

[10] Corte Constitucional, sentencia C-055 de 1993, MP. Dr. José Gregorio Hernández. Sobre el principio de la no reformatio in pejus, refiere: Nótese cómo, si bien el artículo 31.1 consagra la segunda instancia, el artículo 31.2 le impone un límite al impedir que el superior agrave la pena impuesta al condenado que es apelante único. El artículo 31.1 consagra un derecho consistente en que el superior examine la decisión del inferior, pero el artículo 31.2, si bien limita la competencia del superior, también consagra un derecho al garantizarle al condenado en quien concurre la calidad de apelante único que la pena que se le ha impuesto no será agravada. Esa prohibición es coherente con el principio de limitación que rige en el ámbito del recurso de apelación y de acuerdo con el cual la competencia del superior se circunscribe a los puntos a los que se extiende la inconformidad del apelante.”

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