Redención de pena

REDENCIÓN DE PENA POR TRABAJO

 ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONCEDER PERMISO PARA TRABAJO FUERA DE SU RESIDENCIA AL PROCESADO QUE SE ENCUENTRA EN PRISIÓN DOMICILIARIA?

Resulta oportuno precisar en primer lugar, que el beneficio de la prisión domiciliaria si bien no se cumple en un sitio tradicional de reclusión, comporta de igual manera la privación de la libertad y limitación de derechos fundamentales de la persona beneficiaria de la prerrogativa, la cual se concede por razones tácitamente consagradas en la ley, y, en los casos en que lo permitan y aconsejen las particulares circunstancias del condenado.

Por tal razón, no existe ninguna razón que justifique hacer distinciones entre las personas que se encuentran cumpliendo pena en un centro carcelario, con quienes están confinadas en su domicilio u otro sitio de reclusión con ese  propósito, en tanto, son sujetos de idénticas restricciones y gozan de los mismos derechos fundamentales, algunos suspendidos o limitados, en razón de la sujeción en la que se encuentran frente al Estado.

Derechos de los privados de la libertad

La Corte Constitucional (T-266 de 2013), ha clasificado los derechos fundamentales de los internos en tres categorías:

«i) aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción);

ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal);

y iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros»

Por tanto, el Estado está en la obligación de garantizar a los internos el ejercicio de los derechos fundamentales que no han sido suspendidos y parcialmente aquellos que se encuentran limitados, realizando las acciones necesarias para hacer efectivo el goce de los mismos.

La redención de pena como un derecho

La ley 1709 de 2014 en su artículo 64, incluyó en la ley 65 de 1993, actual código penitenciario y carcelario el artículo 103 A, que consagró a la redención de pena como un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella.

En igual forma, dicho estatuto considera diversas  formas de redimir pena la persona privada de la libertad, las cuales pueden ser a través de actividades como el trabajo penitenciario (Art. 79), la educación o estudio por parte del interno (Art. 94), la enseñanza (Art. 98) y otras actividades como las literarias, deportivas, artística y comité de internos (Art. 99).

La ley 65 de 1993 en su artículo 82, estipulo la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de la libertad, mediante el cual se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo, no pudiéndose computar más de ocho horas de trabajo.

El derecho al trabajo aún para los reclusos.

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política (Preámbulo, artículos 1, 2, 25 y 53 ) el trabajo es un valor fundante del Estado Social de Derecho, un derecho constitucional fundamental y una obligación social.

En relación con el trabajo carcelario, la Corte Constitucional ha señalado que lo desarrollan los presos en sentencia T-865 de 2012 consideró al respecto:

«dentro del marco de la situación especial de sujeción y subordinación en la que se encuentran, de ahí que en principio, los vínculos que surgen como consecuencia de las labores prestadas por los internos no pueden equipararse a aquellos que se derivan de una relación laboral en el sentido estricto del término. Por consiguiente, sin descartar las posibilidades de diversas formas de relación laboral y, por lo tanto, de remuneración, el trabajo carcelario cumple objetivo primordial de resocialización de los reclusos»

Este derecho de los reclusos aparece regulado en el Título VII de la Ley 65 de 1993, específicamente en el artículo 79 modificado por la Ley 1709 de 2014 art. 55 que define:

«Trabajo Penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tienen derecho a trabajar y desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria..»

(..)

No obstante, aun cuando el trabajo penitenciario sea obligatorio para los condenados, la ley consagra algunas excepciones, como las dispuestas por el artículo 83 conforme al cual no estarán obligados, entre otros, los mayores de 60 años, las mujeres durante los tres meses anteriores al parto y el mes siguiente, así como los que padezcan una enfermedad que los inhabilite para ello.

Trabajo para el condenado domiciliario

De igual manera, la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 29 A, adicionado por el artículo 8º del Decreto 2636 de 2004, señala respecto del derecho que también le asiste al prisionero domiciliario lo siguiente:

 «Ejecución de la prisión domiciliaria.

(…)

Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente Ley.» 

Por otra parte, el artículo 38D del Código Penal, adicionado por la Ley 1709 de 2014, contempla que el Juez de ejecución de penas podrá autorizar al condenado a trabajar fuera de su lugar de residencia, mediante un mecanismo de vigilancia electrónica:

«Artículo 38D. Ejecución de la medida de prisión domiciliaria. La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que este pertenezca al grupo familiar de la víctima.

El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica.

El juez podrá autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso se controlará el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica.» (subrayado y negrilla fuera de texto)

Por lo cual, del antecedente normativo en comento, es claro que el trabajo extramural no es un derecho-deber exclusivo de quienes se encuentren condenados dentro de un establecimiento carcelario, sino que la ley extiende esa posibilidad a los internos que pueden estar purgando su pena en su domicilio, el cual podrán desarrollar fuera de éste, siempre bajo el control y vigilancia de las autoridades que los tengan a cargo.

Lo que nos permite concluir, que el trabajo es un derecho del que gozan todos los condenados sin excepción, estén cumpliendo la pena en un centro de reclusión, en su domicilio o morada o en cualquier sitio de reclusión, como mecanismo adecuado para la resocialización que persigue la medida punitiva, además, con la virtud de reducir el término de duración de la pena a través de la redención, con excepción de los trabajos contratados con particulares.

El trabajo como un derecho limitado

 Es necesario recordar, que todos los trabajadores, incluidos los privados de su libertad, tienen unos derechos mínimos que rigen las relaciones laborales que se deben observar, tal y como lo viene reconociendo la Corte Constitucional desde la sentencia de tutela T-009 de 1993, así:

«4. Las garantías laborales consagradas en la Constitución protegen también al preso, quien no pierde su carácter de sujeto activo de derechos y deberes por el hecho de encontrarse privado de la libertad. Si las normas laborales son aplicables a los reclusos con las limitaciones del régimen carcelario, con mayor razón deben serlo las disposiciones constitucionales».

El trabajo concebido como un derecho y un deber social, está regido por un conjunto de normas mínimas irrenunciables e intransferibles, establecidas en defensa de los trabajadores que deben ser respetadas en todas las circunstancias, para garantizar condiciones dignas y justas en su ejercicio.

Entre estas reglas, está la de la jornada ordinaria laboral que como es sabido, la ley limita a 48 horas semanales (8 horas diarias), de donde no podrían existir jornadas superiores ni trabajos que superen dichos límites -salvo el trabajo por turnos o que se realiza sin solución de continuidad-, lo cual no puede ser esquivado, pues toda relación de trabajo debe regirse por la normatividad vigente.

Por consiguiente, es deber de las autoridades hacer respetar las disposiciones legales en materia de derechos del trabajador, con mayor razón tratándose de presos dada la especial condición en la que se encuentran, de suerte que la contratación laboral de éstos, no se convierta para los empleadores en una oportunidad para su explotación, abuso de su situación o el desconocimiento de sus derechos básicos.

Además, dicha relación de trabajo no puede desconocer abiertamente las restricciones a las que están sometidas las personas privadas de la libertad en razón de la relación de subordinación en la que se encuentran con el Estado; dado que esto imposibilitaría el debido y oportuno control legal del mismo por parte de la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas del INPEC, así como la inspección y vigilancia de las autoridades a cargo de la custodia del prisionero.

De lo anterior podemos concluir, que el prisionero domiciliario goza del mismo derecho al trabajo que tiene el condenado en un centro de reclusión, y  puede obtener permiso por parte del juez de ejecución de pena para realizarlo fuera de su prisión domiciliaria; empero, aun cuando el derecho al trabajo de los reclusos merece reconocimiento y especial protección, dado que no sólo resocializa al privado de la libertad, sino que le permite redimir pena, no por ello puede facultarse al reo a realizar contratos laborales despojado de su condición de sujeción frente al Estado y en absoluta independencia del control de las autoridades judiciales y carcelarias a quienes corresponde autorizar y fijar los límites y condiciones en que puede ejercerse esta garantía, como lo señala el artículo 84 modificado por el artículo 57 de la Ley 1709 de 2004.; sin olvidar que es la Dirección General del Inpec la que determina los trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusión, los cuales serán los únicos válidos para redimir la pena  (Art. 80, Ley 65 de 1993). 

Y para finalizar, valga la claridad, la Corte Constitucional, bajo Sentencia C-1510/00. Declaró la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “centro de reclusión”, contenidas en los artículos 80 y 81 de la Ley 65 de 1993, bajo el entendido de que ellas comprenden también los casos de detención domiciliaria o de detención parcial en el lugar de trabajo y sin que se pueda discriminar entre el trabajo material y el intelectual.