
El recurso de casación es un medio extraordinario y excepcional de control constitucional y legal que procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales, cuya viabilidad se encuentra condicionada al cumplimiento de las finalidades previstas en la ley, a saber: la unificación de la jurisprudencia, a través del intérprete autorizado por la Constitución, la efectividad del derecho material, el respeto de los derechos y garantías de las partes e intervinientes, y la reparación de los agravios inferidos a estos.
Por lo tanto, quien acude a esta vía extraordinaria tiene el deber de identificar y demostrar la finalidad específica de la casación en el caso concreto, a partir de los fines taxativamente previstos en la Ley.
Asimismo, dada la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso y en atención a los principios de seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial y coherencia del sistema jurídico, que delimitan su ámbito de procedencia, la sentencia de segunda instancia se encuentra amparada por una doble presunción de acierto y legalidad. Ello significa que se presume, de una parte, que el tribunal seleccionó e interpretó correctamente el ordenamiento jurídico; y, de otra, que apreció y valoró las pruebas de manera acertada, conforme a la legalidad, a su contenido objetivo y a las reglas de la sana crítica.
Por esta razón, el recurso solo procede cuando se demuestre la existencia de errores de juicio (in iudicando) y/o de procedimiento (in procedendo) de carácter trascendente, capaces de comprometer garantías fundamentales, derechos de las partes e intervinientes o la validez misma del proceso, lo que supone desvirtuar la doble presunción que ampara el fallo impugnado.
Ahora bien, dada la naturaleza del recurso de casación, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, definió requisitos formales y sustanciales que debe contener toda demanda de casación, los cuales han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
La primera consideración consiste en que no se trata de un escrito de libre confección, sino de una verdadera demanda que debe presentarse dentro de la oportunidad legal y cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos formales: (i) la identificación de las partes e intervinientes; (ii) la identificación precisa de la sentencia impugnada; (iii) una síntesis de los hechos materia de juzgamiento; y, (iv) una síntesis de la actuación procesal.
Estos requisitos no son caprichosos ni constituyen simples ritualidades. Responden a la necesidad de que la Corte cuente con los elementos básicos para comprender el contexto fáctico y procesal sometido a su consideración, carga argumentativa que le corresponde asumir a quien acude a la vía extraordinaria y que no puede ser suplida en esta sede, so pena de desnaturalizar el carácter rogado y excepcional del recurso.
Además de lo anterior, quien presente la demanda de casación debe: (i) estar legitimado en la causa y en el proceso para recurrir; (ii) enunciar en forma clara y precisa las causales de casación por las que se procede, las cuales se encuentran taxativamente previstas en la Ley; y, (iii) formular un cargo concreto en contra de la sentencia impugnada, indicando con claridad y precisión sus fundamentos.
Unificación de la jurisprudencia, a través del intérprete autorizado por la Constitución.
Efectividad del derecho material.
Respeto de los derechos y garantías de las partes e intervinientes.
Reparación de los agravios inferidos a estos.
Identificación de las partes e intervinientes.
Identificación precisa de la sentencia impugnada.
Síntesis de los hechos materia de juzgamiento.
Síntesis de la actuación procesal.
Legitimación en la causa y en el proceso para recurrir.
Enunciar en forma clara y precisa las causales de casación, taxativamente previstas en la ley.
Formular un cargo concreto contra la sentencia impugnada, con claridad y precisión en sus fundamentos.
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